El Gobierno no ha adoptado una respuesta proporcional a la amenaza y a las actitudes terroristas de los manifestantes
Por Martín Eduardo Botero
Queridos lectores, nos encontramos en un periodo crítico de rupturas y de agudas tensiones de la historia de Colombia de manifestaciones violentas y desestabilización política en contra de «un pueblo pacífico” de frustración e ideales utópicos y poco a poco se desvanece el Estado de derecho, mientras esta situación continúe, la democracia corre un grave peligro. Se trata, señor presidente Duque, de un extraño y peligroso desfase que puede hipotecar gravemente las posibilidades de consolidar el proceso de democratización, las libertades tradicionales y nuestra propia seguridad, además de poner en riesgo las perspectivas de futuro de las generaciones venideras.
Es una época de confusión política, con grupos de izquierda impulsados por intereses ideológicos y por las fuerzas antidemocráticas particularmente violentos incendiarios y bien organizados y estructurados (militantes, extremistas, oportunistas y fanáticos) fácilmente instrumentalizados y manipulados por los perpetradores de la violencia, que han contribuido a la creación de un clima de inseguridad e intimidación, de la inobservancia de la ley, el odio y desprecio de los derechos humanos, causando así no pocas veces su propia ruina y la de otros muchos, que ya no temen a las autoridades, y que ha sabido sacar provecho sin mostrar el menor escrúpulo al burlarse abiertamente de la voluntad popular expresada libremente en las urnas y, sencillamente, contra las reglas más elementales del juego limpio, cuyos designios inconfesados no son sino continuar su desestabilización de Colombia y la pretensión de instalar un régimen social y sistema político socialista históricamente agotado, fracasado y manipulado por la delincuencia organizada y las redes terroristas, es ahora más peligroso que nunca.
Todos esos actos ilícitos y ataques violentos, emprendidos con pretextos arbitrarios y vacíos, falsificados y manipulados, son muy fanáticos y amenazan con avivar las tensiones existentes y desestabilizar aún más la tensa y frágil situación sobre el terreno. Sin duda, esa retórica incendiaria e incitadora propicia una disminución general del respeto por la ley, pero también una forma refinada de burlarse de la autoritaria política. Lo que sí es cierto y evidente es que estos señores (fuerzas de la oposición, altos funcionarios del régimen anterior, periodistas y profesionales de los medios hipócritas y sin criterio, «comunistas» indios, incluidos los de la izquierda y un grupo pequeño de vándalos) que no dejan de hablar de democracia se han vuelto cada vez más incendiarios, utilizan el terror en nombre de la libertad de expresión y reunión con fines políticos, hasta el punto de que algunos de ellos incitan directamente a sus seguidores a cometer actos de violencia contra los ciudadanos, exacerban el miedo y el pánico entre la población civil, lo que aumenta la percepción pública de falta de seguridad.
Con esta introducción quiero decir que me resulta difícil encontrar palabras suficientemente fuertes para expresar mi distanciamiento de las protestas y para condenar las manifestaciones violentas y destructoras. Son los mismos angustiados ciudadanos que tienen que contentarse con contemplar cómo la acción policial es insuficiente para frenar este comportamiento delictivo cada vez más descarado. La población exige, con toda razón, que las autoridades encuentren y castiguen a los incendiarios y que la protejan de incidentes similares en el futuro. Es sumamente importante que la Presidencia proponga medidas para aliviar este inconveniente particularmente doloroso. Después de todo, la principal tarea de un Gobierno es la de garantizar la seguridad de sus ciudadanos en cualquier circunstancia.
Estas manifestaciones —huelgas ininterrumpidas, el bloqueo de carreteras y protestas— plantean una amenaza importante para la seguridad pública, no solo han causado un profundo dolor y enojo a las familias, empresas y comunidades de las víctimas, sino que han afectado a la totalidad de la población, que se ha visto trastornada por la intensificación de las agresiones físicas, los numerosos saqueos y la violencia en las ciudades, dirigidas incluso contra manifestantes no violentos y pacíficos, y han sido un nuevo recordatorio de la brutalidad y el absoluto desprecio que muestra el socialismo del siglo XXI por la vida de la población civil y la policía. Dichas actividades no deben beneficiar en modo alguno a las organizaciones terroristas y sus objetivos. Esta devastadora campaña de violentas protestas son victorias para la retórica política radical y polarizadora, hacer propaganda hostil e incitar a la acción violenta solo puede considerarse contraproducente e incendiaria para todas las partes. Muchos salen a diario a la calle para insultar gravemente a las instituciones públicas del Estado y los valores democráticos, se resisten a la detención e insultan a los funcionarios públicos y amenazan a las autoridades policiales, degradan nuestra dignidad, nuestra cultura y todo lo que representamos y a la vez se niegan a participar en los esfuerzos por mejorarlas. Esto es burlarse de la gente, de los millones de personas que se denominan trabajadores pobres, cuya población es emprendedora y trabajadora. Hay mucho que hacer y tenemos que actuar con celeridad. Se trata de un problema muy inquietante y los riesgos comienzan a ser cada vez más evidentes, lo que exige que actuemos con mayor premura y mayor ambición empleando todos los recursos posibles, incluida la participación de las fuerzas armadas en operaciones de mantenimiento del orden público, para tratar de hacerle frente. No se puede permitir que esa gente siga profiriendo discursos incendiarios populistas y un montón de mentiras que no demuestran más que debilidad de fondo, por lo que no hay que proporcionarle una plataforma segura al amparo de la indemnidad y hay que vencerlos con inteligencia práctica, tenacidad y la capacidad de gestionar las tensiones. No me cabe la menor duda de que la ola de protestas y disturbios han producido abusos (actividad terrorista) e infracciones contra los derechos humanos de las fuerzas del orden y graves abusos contra la población civil con total impunidad. Ha llegado el momento de pasar a la acción, yo también lo creo.
La cuestión estriba en si Presidencia tiene el valor para pasar del compromiso y la retórica a la acción, el empujón definitivo para pensar y actuar diferente, el inicio de un cambio de actitud, un cambio de política, y convertirlo en un contrato con el pueblo, en vez de limitarse a seguir profiriendo palabras y buscar modalidades de entablar un diálogo con la intransigente dirigencia del comité nacional del paro, los opositores al Gobierno y sus críticos y los extremistas aliados. Deberíamos mostrarnos realistas en este aspecto. Es una necesidad apremiante a la que no podemos dejar de responder, puesto que el número de víctimas entre las fuerzas de seguridad aumenta continuamente, constituye una amenaza grave para el país. El Gobierno no ha adoptado una respuesta proporcional a la amenaza y a las actitudes terroristas de los manifestantes. La Presidencia tiene la obligación de considerar los hechos y no las declaraciones de justificación de los manifestantes violentos, que están implicados en estos incidentes, constituye un gesto que calificaría de importante y valiente. No existen más excusas para no pasar a una línea de acción mucho más dura; parece deducirse que los persistentes errores de organización y las deficiencias hacen que los organizadores del paro nacional sean incapaces de desempeñar de manera satisfactoria su función como servicio de seguridad, por lo que urge adoptar medidas correctoras. La acción será dura y exigirá sacrificios políticos, pero esperar más tiempo sería irresponsable, debemos pasar página. En este terreno es preciso organizar, o en su caso intensificar las campañas de sensibilización que favorezcan la vigilancia y recuerden a los incendiarios las penas en que incurren.
Visto todo ello, creo que hemos de reconocer que el ámbito de la seguridad y el orden público, entre otros, es absolutamente prioritario. Es un objetivo que debemos perseguir sin preocuparnos demasiado por la propaganda hostil e incendiaria en las redes sociales –que actualmente carecen de sentido– y tenemos que dejar atrás el ritmo más bien lento al que se ha avanzado hasta ahora en la definición de objetivos y procedimientos, lo cual carece igualmente de sentido, y restaurar la seguridad y la prosperidad, lo que incluye luchar firmemente contra los agentes del terrorismo, los movimientos radicales etnonacionalistas, organizaciones de extrema izquierda y fundamentalistas. Si en el marco del debate sobre su futuro existe un ámbito de competencias de la presidencia Duque, con estrategias y actividades claramente integradas a nivel nacional, por mi parte diría que es el de la seguridad pública, el mantenimiento del orden público, la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de terceros. Tenemos que emprender acciones mucho más rápidamente y más determinadas para relanzar Colombia, mejor será para todos y se podrán adoptar medidas más eficaces. Yo también quisiera expresar mi solidaridad con las víctimas, aunque la solidaridad por sí sola no es suficiente. Tenemos que comprometernos solemnemente con las víctimas de las fuerzas del orden caídas como mártires en el cumplimiento de su deber, mientras desempeñaban las nobles tareas que se les habían encomendado y hacer un esfuerzo serio y decidido para evitar catástrofes similares en el futuro.
Ahora mismo, ¿qué podemos hacer? Podemos llevar a la práctica la propuesta concreta de defender mejor los derechos de nuestros ciudadanos de los actos ilegales de otros y el aislamiento de los violentos, disponer de los medios necesarios para garantizar nuestras fronteras (contra las amenazas exteriores) y defendernos colectivamente de los terroristas, enemigos de los derechos humanos, con todos los medios legítimos a nuestro alcance (perseguirlos o castigarlos), de los que pisotean las aspiraciones de la mayoría y nuestro sistema de gobierno libre y democrático. Aunque sea ya bastante tarde, es mejor que conozcamos los problemas en vez de defendernos de ellos con la táctica del avestruz. No deseo nombrar a individuos o hacer referencia a ningún partido en particular, pero quiero señalar que la retórica incendiaria y su intento de derrocar al presidente legalmente electo por el voto popular para instalar un régimen que le sea adicto, así como atacarlo y demonizarlo de forma tan arrogante y provocativa, no es más que una maniobra torpe, inaceptable y sediciosa y que debemos esforzarnos en eliminarla, pues solo trae consigo más de lo mismo, la amenaza de una vuelta a la violencia armada y fomentar la perpetuación de la violencia.
